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Los diputados del Partido Popular por Burgos, Sandra Moneo y Jaime Mateu, han calificado de “alarmantes” las cifras que arroja la tramitación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) en Burgos. “De las 5.085 solicitudes presentadas por familias burgaleses, únicamente se han procesado 3.161 y, de ellas, dos de cada tres (2.470) han sido denegadas y solo 691 se han resuelto favorablemente. Esto significa que el Gobierno, a día de hoy, deniega casi el doble de solicitudes de las que concede”.
Estos datos han sido obtenidos por los parlamentarios burgaleses a raíz de las preguntas escritas que dirigieron al Gobierno el pasado mes diciembre y que ha sido respondidas tan solo parcialmente, lo que también demuestra, “la opacidad con que trabaja el Ejecutivo de Sánchez e Iglesias”.
“A las consecuencias de la crisis sanitaria, social y económica derivada de la COVID-19 se une el agravante de la ineficacia del Gobierno y sus medidas, lo que nos deja un panorama en que los burgaleses y el resto de los españoles están sufriendo uno de los peores momentos de la historia de nuestro país”, aseguran los diputados populares.
Analizando los datos aportados, Sandra Moneo y Jaime Mateu concluyen que, en la provincia de Burgos, “hay 1924 hogares que, en plena crisis, tienen que esperar a que el Gobierno haga un trámite. ¿El Ejecutivo no sabe que en esos hogares se necesita comer todos los días?”, se cuestionan y recuerdan que “El PP apoyó en el Congreso de los Diputados la creación del IMV, siempre vinculado a la búsqueda de empleo, el Gobierno lo anunció a bombo y platillo, pero su medida estrella se ha estrellado, no está llegado donde debe llegar”.
Moneo y Mateu recuerdan que según el informe de Cáritas Española sobre el impacto que está teniendo la crisis social y económica causada por la COVID-19, “el 70% de las personas acompañadas por Cáritas que han solicitado el IMV está a la espera de respuesta del Gobierno”.
Por todo, concluyen los diputados burgaleses, “el Partido Popular en el Congreso exige la agilización en la resolución y el abono del IMV, y que las medidas de protección social sean políticas públicas simultáneas y complementarias a las políticas económicas e industriales que garanticen la recuperación económica, que es la única que podrá garantizar la protección social a quién lo necesite y que, de verdad, nadie quede atrás”.
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