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El Viceportavoz del Grupo Parlamentario Popular en Las Cortes de Castilla y León, Ángel Ibáñez, acompañado de los procuradores por Burgos, Máximo López e Irene Cortés, ha dado a conocer la iniciativa de defensa del actual Sistema Educativo y de apuesta por la Escuela Concertada y los Centros de Educación Especial que se ha aprobado en las Cortes de Castilla y León esta semana.
Según ha señalado Ibáñez desde el PP hay aspectos cruciales en el ámbito educativo como la libertad de las familias para poder elegir la educación de sus hijos y la defensa de la libertad de los familias para elegir centro público o concertado. Los datos en Castilla y León arrojan que un 70% de los centros son de titularidad pública y un 30% concertados que forman una red complementaria de centros que “está permitiendo que los resultados de los informes PISA ubiquen a nuestra comunidad como una de los mejores a la hora de impartir educación a nuestros niños y niñas”. Además, añadió, “creemos que los centros públicos son una de las bases primordiales de la educación, pero en ningún caso se debe privar la labor que hacen los colegios concertados”. En Burgos hay 831 unidades concertadas, 36 centros y un total de 1350 docentes, aseguró el procurador del PP por Burgos.
Ángel Ibáñez aseguró también que “vamos a trabajar buscando alternativas que puedan garantizar tanto la inclusividad como la atención específica y especializada a los alumnos en Centros de Educación Especial y vamos a apostar por mantenerlos”. En Burgos existen “cinco centros específicos que atienden a 183 alumnos que merecen toda nuestra consideración y respeto y hay cuatro centros que disponen de aulas de educación especial que atienden a 20 alumnos. Este sistema complementario permite que los padres y madres puedan elegir respecto a la educación especial de sus hijos."
Frente a esto, según señaló Ibáñez, "la forma de proceder del PSOE se basa en la confrontación porque está planteando una reforma del modelo educativo por decretos, rompiendo el Pacto por la Educación sin contar con las comunidades autonómicas, sin aportar financiación adicional y sin contar con el consenso de otros partidos políticos ni de la comunidad educativa". "El Gobierno Socialista está planteando una batalla contra la enseñanza concertada y quiere iniciar la desaparición de la escuela concertada y que esta pase a ser subsidiaria y residual porque quieren hacer desaparecer requisitos como la demanda social, que permite garantizar la libertad de elección de las familias". "La desaparición de la escuela concertada supondría en Burgos un ERE a 1350 personas que se están dedicando a la actividad educativa en los centros concertados", concluyó Ibáñez.
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