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Proposición del Grupo Popular sobre la Ayuda de Emergencia para la adquisición y envío de fármacos a Venezuela y en defensa de la Universalidad de los Derechos Humanos, Civiles y Políticos

Los fuertes e intensos lazos tanto históricos como culturales y políticos de nuestro país y nuestra ciudad con la comunidad latinoamericana no pueden hacernos permanecer impasibles ante la situación que está viviendo una gran parte de la población venezolana a causa de los problemas hospitalarios y del desabastecimiento alimentario y farmacológico que amenaza con desencadenar una crisis humanitaria de consecuencias incalculables.   Las redes sociales son un hervidero en busca de medicamentos en Venezuela, los mensajes de ayuda desesperada son diarios y a cientos. Desde las vacunas o tratamientos más básicos, hasta los fármacos más complejos paliativos de los efectos de la quimioterapia sobre los enfermos de cáncer. Las redes sociales están funcionando a modo de farmacias virtuales ante el desabastecimiento generalizado. Las comunidades de venezolanos residentes en el exterior están creando redes de solidaridad para recolectar y donar medicamentos que puedan ser introducidos en el país a la mayor brevedad.   Al padecimiento generalizado del pueblo venezolano por esta situación, se le une un inaceptable escenario político y social en el que estudiantes y distintos miembros de partidos opositores al gobierno de Nicolás Maduro permanecen injustamente encarcelados y privados de sus más elementales derechos civiles y políticos.   El líder de Voluntad Popular, Leopoldo López; el ex-candidato presidencial y líder del Partido Un Tiempo Nuevo, Manuel Rosales; los tres diputados recientemente elegidos el pasado 6 de diciembre de 2015, Rosmit Mantilla, Gilberto Sojo y Renzo Pietro, el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma; el dirigente estudiantil Gerardo Carrero; o el activista Alexander Tirado; entre otros, componen el rosario de las 78 injustas penas privativas de libertad por razones exclusivamente políticas que lejos de disminuir, aumenta con el paso de los días.   Organizaciones defensoras de los Derechos Humanos tan relevantes en la Comunidad Internacional como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la propia Naciones Unidas desde su Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria han exigido la liberación inmediata de los presos políticos al gobierno de Venezuela.   La Asamblea Nacional venezolana ha aprobado en las últimas semanas una Ley de Amnistía y Reconciliación que permitiría la liberación de todos los encarcelados por motivos políticos de manera infundada. No obstante, el Presidente Maduro ya ha aventurado su negativa a promulgar la citada Ley para que pueda entrar en vigor y ser efectiva.   Igualmente preocupante es la situación de vulnerabilidad que viven los medios de comunicación independientes ante el acoso que sufren sus periodistas y editores al recibir constantes bloqueos a través de los suministros necesarios para ofrecer la información,  por parte del monopolio del gobierno venezolano, con objeto de cercenar la libertad de expresión.   El Ayuntamiento de Burgos no puede mirar para otro lado cuando se está produciendo la vulneración de los Derechos Humanos, Políticos y Civiles más básicos de un pueblo hermano como es el venezolano.  

Los fuertes e intensos lazos tanto históricos como culturales y políticos de nuestro país y nuestra ciudad con la comunidad latinoamericana no pueden hacernos permanecer impasibles ante la situación que está viviendo una gran parte de la población venezolana a causa de los problemas hospitalarios y del desabastecimiento alimentario y farmacológico que amenaza con desencadenar una crisis humanitaria de consecuencias incalculables.   Las redes sociales son un hervidero en busca de medicamentos en Venezuela, los mensajes de ayuda desesperada son diarios y a cientos. Desde las vacunas o tratamientos más básicos, hasta los fármacos más complejos paliativos de los efectos de la quimioterapia sobre los enfermos de cáncer. Las redes sociales están funcionando a modo de farmacias virtuales ante el desabastecimiento generalizado. Las comunidades de venezolanos residentes en el exterior están creando redes de solidaridad para recolectar y donar medicamentos que puedan ser introducidos en el país a la mayor brevedad.   Al padecimiento generalizado del pueblo venezolano por esta situación, se le une un inaceptable escenario político y social en el que estudiantes y distintos miembros de partidos opositores al gobierno de Nicolás Maduro permanecen injustamente encarcelados y privados de sus más elementales derechos civiles y políticos.   El líder de Voluntad Popular, Leopoldo López; el ex-candidato presidencial y líder del Partido Un Tiempo Nuevo, Manuel Rosales; los tres diputados recientemente elegidos el pasado 6 de diciembre de 2015, Rosmit Mantilla, Gilberto Sojo y Renzo Pietro, el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma; el dirigente estudiantil Gerardo Carrero; o el activista Alexander Tirado; entre otros, componen el rosario de las 78 injustas penas privativas de libertad por razones exclusivamente políticas que lejos de disminuir, aumenta con el paso de los días.   Organizaciones defensoras de los Derechos Humanos tan relevantes en la Comunidad Internacional como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la propia Naciones Unidas desde su Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria han exigido la liberación inmediata de los presos políticos al gobierno de Venezuela.   La Asamblea Nacional venezolana ha aprobado en las últimas semanas una Ley de Amnistía y Reconciliación que permitiría la liberación de todos los encarcelados por motivos políticos de manera infundada. No obstante, el Presidente Maduro ya ha aventurado su negativa a promulgar la citada Ley para que pueda entrar en vigor y ser efectiva.   Igualmente preocupante es la situación de vulnerabilidad que viven los medios de comunicación independientes ante el acoso que sufren sus periodistas y editores al recibir constantes bloqueos a través de los suministros necesarios para ofrecer la información,  por parte del monopolio del gobierno venezolano, con objeto de cercenar la libertad de expresión.   El Ayuntamiento de Burgos no puede mirar para otro lado cuando se está produciendo la vulneración de los Derechos Humanos, Políticos y Civiles más básicos de un pueblo hermano como es el venezolano.  

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