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El Pleno del Senado debatió a lo largo de todo el día de ayer el proyecto de Ley de Cambio Climático. Todos los Grupos Parlamentarios, sin excepción, han lamentado la urgencia con la que se ha debatido esta ley, ya que solo ha habido unos días para debatir las 583 enmiendas que han sido presentadas en la Cámara Alta.
Los senadores burgaleses, Javier Lacalle y Cristina Ayala, presentaron una enmienda para facilitar un instrumento legal que permitiese que la empresa pública ENRESA pudiera contratar a las personas de las localidades próximas necesarias durante todo el proceso de desmantelamiento de la central nuclear de Garoña: “Puesto que este proyecto tendrá una duración estimada de entre diez y doce años es necesario tener una herramienta normativa, que actuando dentro de la Ley de Contratos, facilite la contratación de trabajadores que vivan en el entorno de la Central, puesto que estamos hablando de cientos de puestos de trabajo”, afirmaron los senadores. La enmienda ha sido apoyada por 99 senadores y rechazada por 149, básicamente del Partido Socialista, con lo que finalmente ha sido desestimada.
No se entiende —insisten los senadores populares— que después de todas las veces que se ha insistido en la necesidad de contar con la población del entorno de Garoña para las labores de desmantelamiento de la Central, ahora que ha llegado el momento de darle cobertura jurídica y plasmarlo en una ley, el Partido Socialista en el Senado, con el burgalés Ánder Gil a la cabeza, no haya querido aprobar esta enmienda, que solo busca facilitar esa contratación y que el empleo de las Merindades no se vea más perjudicado tras el cierre de Garoña.
Por otro lado, también en lo que se refiere a Garoña en esta ley, el gobierno socialista ha decidido declarar como de “interés general” todas las obras del desmantelamiento de la central nuclear, por lo que se exime de contar con la licencia de obras del ayuntamiento del Valle de Tobalina con la repercusión millonaria que eso tendrá al no pagar el ICIO la empresa pública ENRESA.
Los socialistas burgaleses han querido engañar en el día de ayer a los ayuntamientos, y a los ciudadanos en general, retocando el artículo que aprobó el Gobierno anteriormente pero manteniendo la declaración de interés general con el efecto legal ya conocido en todos los ayuntamientos cuando eso se produce en obras de su término municipal.
Así lo establece la ley 13/2003 cuando establece en su disposición adicional tercera lo siguiente;
“La construcción, modificación y ampliación de las obras públicas de interés general no estarán sometidas a licencia o a cualquier otro acto de control preventivo municipal”
Y al no estar sometidas a licencia, no tendrán que abonar al ayuntamiento el impuesto millonario del ICIO como establece la ley de este tributo: “Por lo tanto, las grandes obras de marcado interés público de competencia estatal o autonómica que no precisen de licencia NO están sujetas a ICIO”.
“Es una vergüenza esta manipulación y engaño del PSOE y sus parlamentarios a la ciudadanía burgalesa”. “Una vez más, los socialistas burgaleses se ríen de los burgaleses”, han señalado Ayala y Lacalle
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