Ángel Ibáñez “Castilla y León se sitúa a la cabeza de la atención integral y coordinada a aquellas personas que más dificultades atraviesan"

El viceportavoz del Grupo Popular en las Cortes de Castilla y León, Ángel Ibáñez, como ponente responsable de la iniciativa parlamentaria, ha dado cuenta de las novedades que incorpora la nueva Ley de creación de la Red de Protección a las Familias en situación de vulnerabilidad en Castilla y León aprobada en el último pleno de las Cortes. Esta Ley supone el cumplimiento de un compromiso dentro del Acuerdo del Diálogo Social y que también marca el cumplimiento del compromiso de Juan Vicente Herrera de desarrollar mecanismos legislativos a favor de personas con mayores dificultades económicas.

El sistema que se ha aprobado en Castilla y León va a ser pionero en España. La red va a ser un instrumento permanente de funcionamiento. Se crean cuatro nuevos derechos subjetivos para las personas con mayores dificultades económicas: El servicio integral de apoyo a las familias en riesgo de desahucio por deuda hipotecaria, la prestación económica frente a situaciones derivadas de  procedimientos por deuda hipotecaria, la prestación económica por alquiler de vivienda habitual y el servicio de provisión inmediata de alimentación.

Según ha señalado el popular, Ángel Ibáñez “Castilla y León se sitúa a la cabeza de la atención integral y coordinada a aquellas personas que más dificultades atraviesan”

Esta ley ha sido elaborada con el consenso de las administraciones, del Diálogo Social, del Tercer Sector y de las entidades locales en la necesidad de seguir avanzando en este método de trabajo en red una vez visto el éxito obtenido hasta ahora. La red de Protección surgió en 2013 en un contexto inicial de crisis económica para integrar diferentes recursos y medidas tanto de titularidad pública como privada de forma coordinada y dinámica. La eficacia de este modelo de funcionamiento e intervención de la Red, que en 2017 atendió a más de 190.000 personas con una inversión por parte de la Junta superior a los 191 millones de euros, se ha revelado como una herramienta idónea para la atención de las personas vulnerables, más allá de una situación coyuntural, para constituirse en la forma ordinaria de atención a estas personas en Castilla y León. En este contexto la Junta de Castilla y León, desde el consenso con las entidades locales, los agentes del Diálogo Social y las entidades del Tercer Sector, ha considerado la oportunidad de avanzar en la consolidación de la Red de Protección, regulando su organización y funcionamiento y ampliando su ámbito subjetivo de actuación.